Entrevista a José Barrena, economista.
Barrena investiga los fenómenos sociales vinculados a las dos reservas de la biósfera de la región de Magallanes (Cabo de Hornos y Torres de Paine), el Parque Bernardo O’Higgins y la Isla Tierra del Fuego.
¿Cómo funciona la gobernanza de la conservación de la naturaleza en la región de Magallanes y la Antártica Chilena? ¿Cuáles son los flujos de personas y capital asociados a las áreas de conservación? ¿Son pertinentes las actuales formas de conservación en la zona? Esas son parte de las interrogantes que el economista y estudiante de doctorado del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latiudes (IDEAL), José Barrena pretende responder a través de una investigación que comenzó el 2016.
Barrena, quien forma parte del Grupo de Política Ambiental de la Universidad de Wageningen, Holanda, estudia los aspectos sociales ligados a la conservación de la naturaleza en el extremo sur de Chile. Para ello, dividió su tesis en cuatro capítulos que buscan en primera instancia, identificar y analizar aspectos políticos de las áreas de conservación en la zona, y posteriormente determinar la relación entre estas áreas y las comunidades indígenas, la pesca artesanal, el turismo y la investigación científica.
“Los ecosistemas marinos y costeros están siendo constantemente transformados por diversos agentes sociales, humanos y no humanos”, explica Barrena y agrega que “la conservación de la naturaleza es un fenómeno social, que se construye con discursos, prácticas y representaciones locales y globales, y que ha cobrado gran relevancia a escala global, manifestándose con fuerza en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde más de la mitad de la superficie regional se encuentra actualmente bajo alguna forma de conservación” .
Además de tomar como áreas de estudios las dos reservas de la biósfera de la región de Magallanes (Cabo de Hornos y Torres de Paine), el estudiante también investiga fenómenos sociales vinculados al Parque Bernardo O’Higgins y la Isla Tierra del Fuego.
“Los proyectos de conservación, por un lado, movilizan ciertos actores sociales permitiéndoles acceso y uso de ciertos recursos naturales y, por otro lado, generan una relativa inmovilización de otros grupos sociales restringiendo su capacidad de acceso y uso a estos recursos”, explica.
En Magallanes, ¿cuáles son los grupos sociales que se ven inmovilizados producto de proyectos de conservación?
Por ejemplo, la creación de un área costera o marina de conservación puede significar una restricción de acceso para pescadores artesanales, comunidades indígenas y/o grupos locales. Esta lectura se puede dar en el caso de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, a partir de una carta firmada por representantes del sindicato de pescadores de Puerto Williams, la comunidad Yagán, la Junta de vecinos y una organización de turismo local en 2009. En esa carta ellos expresan que la entrega de concesiones para conservación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales limita las posibilidades de desarrollo local, cuestionando la efectiva participación de la comunidad en la gestión del proyecto Reserva de la Biósfera. Eso da cuenta de conflictos que genera la conservación vinculados con la soberanía en el uso y control de recursos naturales, lo que representa una forma de inmovilización para estos grupos sociales.
Sin embargo, la isla entera es un Área de Desarrollo Indígena (ADI).
El ADI supone una coordinación de las políticas públicas en el territorio, teniendo como eje el mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena. En el caso de Isla Navarino y particularmente de la comunidad Yagán que allí reside, existe un proceso histórico que va completamente en la dirección opuesta. El Estado de Chile fundó en la década de 1950 la base naval Puerto Luisa, con el fin de establecer soberanía en la zona producto de los conflictos limítrofes que tenía con Argentina. El establecimiento de esta base junto con la llegada de colonos y pescadores, significó la inmovilización de los nómades Yagán. Su libre navegación fue controlada y restringida a través de normas, decretos y leyes. Los niños debían permanecer en tierra debido a los programas de escolarización y sus formas y medios de vida se vieron completamente afectados. Las políticas públicas, en general, han ido en la dirección de incorporar forzosamente a la población indígena en el proyecto modernizador y de desarrollo nacional, el que es impuesto como sinónimo de progreso.
¿Qué ocurre en Torres del Paine, donde la reserva de la biósfera tiene la misma superficie que el parque nacional?
Existe actualmente un proceso de ampliación de la superficie de esta reserva, lo que debiese llevar a una zonificación que incluya zonas núcleo y zonas de transición, tal como se ha implementado en la reserva Cabo de Hornos. Esta zonificación implica objetivos de conservación y desarrollo de actividades productivas que sean sustentables. Para ello, se requiere que las áreas aledañas al parque sean también pensadas dentro de un gran proyecto de protección de la naturaleza. No se saca nada con tener un área conservada y alrededor seguir desarrollando actividades extractivas no sustentables. Así, la ampliación de la Reserva de la Biósfera Torres del Paine necesariamente requiere de conversaciones y acuerdos entre CONAF, operadores turísticos pequeños, medianos y grandes, y los propietarios de las estancias vecinas, entre otros actores.
¿Cuál es la situación de Puerto Edén en relación con las áreas de conservación?
Puerto Edén fue fundado oficialmente en 1969, el mismo año que se fundó el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, que posee más de 3.5 millones de hectáreas y es birregional, siendo el parque nacional más extenso de Chile. Hace poco tiempo, se incorporó el territorio marino aledaño al parque, lo que totaliza, más de 5 millones de hectáreas de superficie. Puerto Edén se encuentra dentro de un área de excepción, es decir, es una sección territorial no considerada como parque nacional. El abastecimiento y desplazamiento desde y hacia Puerto Edén se realiza sólo vía marítima.
Los canoeros Kawésqar han habitado la zona por alrededor de 6.000 años, y actualmente existe en Puerto Edén una comunidad Kawésqar que está activamente involucrada en el desarrollo de un plan de manejo del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, el que reconocen como parte de su territorio ancestral. También existe una asociación Mapuche-Huilliche, conformada por migrantes chilotes, quienes llegaron al territorio desarrollando actividades de caza y pesca.
¿Cuál es la principal reflexión a la que has llegado en esta etapa preliminar de tu investigación?
En la actualidad, en Magallanes existen áreas protegidas o de conservación que son cerradas, estáticas y con límites definidos. Sin embargo, al mismo tiempo, hay actores sociales que son altamente móviles como, por ejemplo, los pescadores, las comunidades indígenas, los flujos de turistas y científicos. Desde esa perspectiva, es necesario cuestionarse si estas limitaciones realmente tienen sentido y replantearse los proyectos de conservación, hacia formas dinámicas, flexibles y móviles. Es fundamental preguntarse si las formas tradicionales de la conservación de la naturaleza son o no pertinentes con la actual sociedad de redes y flujos.