El tiempo pasa rápido y por ello no es casualidad que ya se comience a mirar con atención el proceso que acompañará en octubre, la llegada al Congreso, de las modificaciones a la cuestionada Ley de Pesca y Acuicultura, que rige desde 2013 con una serie de cláusulas que al tenor de la discusión, no parecen estar resueltas.
Ayer el director zonal de Pesca, Gonzalo Rubilar, confirmó que aun cuando faltan cinco meses para tal ingreso, a partir de mañana (1 de junio) comenzarán a ejecutarse a nivel nacional diversos trabajos con los sectores de pesca artesanal, acuícolas y de investigaciones, para socializar no sólo la pertinencia de las modificaciones, sino además los alcances de las propuestas de la Organización de la Onu para la Alimentación y la Agricultura (Fao), alusivas a la situación actual de la Ley de Pesca y Acuicultura, que rige esta actividad en Chile.
Problemáticas en la región
Los puntos a tratar en ambos casos no son pocos. Por lo mismo, se espera que la normativa recoja finalmente los intereses y necesidades de cada región. “En Magallanes tenemos bastantes problemáticas que son distintas al resto del país. Por ejemplo, hay faenas bastante marcadas, donde muchas veces por falta de mano de obra local en lo que se refiere a buzos como de tripulantes, entonces nos vemos obligados a recurrir a otras regiones. El problema ahí, es que existen algunas trabas, como el hecho de que cuando una persona de otra zona quiere venir a trabajar acá, tiene que renunciar a su registro pesquero artesanal en la región respectiva y además esperar el trámite de habitualidad, que toma tres años. Eso hace que en la práctica sea casi imposible que se pueda generar este vínculo laboral y, cuando este se logra, es con cierto grado de ilegalidad”, explicó.
De ahí la necesidad -expuso el directivo- de mejorar las relaciones laborales. “Eso es sumamente importante, para que las embarcaciones artesanales que tengan que salir a faena, lo hagan con todos sus papeles en regla y no tengan que llegar a esconder parte de la tripulación, por no poder cumplir con los requisitos de la norma”.
Cuotas de captura
La segunda de las consideraciones que hoy marcan la pauta en el sector pesquero, dice relación con aquellas personas que tienen inscritas cuotas de captura y no las están ocupando. En tal consideración, a contar de junio o julio, la Subpesca realizará un proceso de caducidad que afectará a quienes durante tres años no han utilizado sus cupos ni informado de los motivos.
Para Rubilar, el uso efectivo de éstas por parte del pescador artesanal, es clave. “Lo que se busca es que la gente pueda desarrollar su actividad, sin perjuicio de que existen algunas modalidades que les permitan a ellos hacer traspaso u otros. Pero en el caso de la gente que no está haciendo nada, probablemente van a caer en un proceso de caducidad”, explicitó respecto de estas acciones que afectarán a todas las pesquerías y sectores de la actividad, tanto industrial como artesanal.
Asimismo, el director zonal refirió que al no comenzar aún los trabajos en terreno, no es posible determinar cómo terminará conformado el nuevo cuerpo legal. “Se deben establecer trabajos en las regiones y una vez que eso termine en el mes de julio, se va a poder avanzar para establecer el compendio que se va a enviar al Congreso”.
A la luz de otras materias y según ratificó a nivel nacional el nuevo subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, lo concreto es que hay indicios de la norma, que serán un hecho una vez aprobada la nueva Ley. Muestra de ello, es que las modificaciones a las licencias de captura comenzarían a regir una vez concluidos los primeros 20 años de vigencia.
Así también, con el cambio legal se busca garantizar los derechos adquiridos, como también el propender a que los recursos pesqueros no sean entregados en su totalidad de forma gratuita ni permanente. En tanto, para el sector artesanal, se proyecta la generación de estrategias especiales para protegerlo del cambio climático.
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